lunes, 8 de abril de 2019

PUBLICIDAD


CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO


El Congreso CDMX legislará para cambiar la realidad de los embarazos infantiles y matrimonios entre menores de edad en la capital


·         *El Poder Legislativo local realizó el foro Embarazo infantil forzado y matrimonio infantil
·         México ocupa el primer lugar entre los países de la OCDE con mayor índice de embarazos infantiles y adolescentes

   *En 2016 se registraron 11 mil casos de embarazos en niñas de 10 a 14 años de edad: diputado Guillermo Lerdo de Tejada (PRI)

Redacción

El Congreso de la Ciudad de México debe generar acciones de carácter legislativo que ayuden a cambiar la realidad de los embarazos infantiles y matrimonios entre menores de edad en la capital, consideró este lunes el diputado José Luis Rodríguez, durante la inauguración del foro Embarazo infantil forzado y matrimonio infantil, realizado por el Congreso local, con la participación de legisladores, autoridades Poder Judicial y organizaciones sociales.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que cada año se producen en el mundo 2 millones de partos de niñas menores de 15 años de edad. Y México ocupa el primer lugar en embarazos de adolescentes, entre los países de la OCDE, reveló Martha Juárez Pérez, directora del Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, instancia organizadora del foro.   

Agregó que si bien hay avances legislativos para combatir los embarazos y matrimonios con menores de edad, la problemática aún persiste. Y resaltó la importancia del foro, ya que entre los objetivos está reconocer la problemática del embarazo infantil forzado en la región de América Latina y en México; analizar la situación que las leyes tienen con relación a las uniones de niñas y adolescentes, así como los mecanismos que puedan implementarse desde el ámbito legislativo para proponer soluciones.

“Elevar la edad para el matrimonio no garantiza que dejen de existir las uniones tempranas, los embarazos adolescentes, infantiles y tempranos; así como toda la problemática asociada. Es momento de reflexionar qué hay más allá de elevar la edad para el matrimonio, qué deudas tenemos como Estado, como sociedad mexicana, como Ciudad de México, como Congreso, para ir cerrando esos huecos donde todavía existen”, dijo.

En materia de matrimonio infantil, desde el año 2016 se incorporó en el Código Civil de la Ciudad de México la restricción para celebrar matrimonio entre personas menores de 18 años.

Por otra parte, el diputado Guillermo Lerdo de Tejada, del PRI, en su calidad de presidente de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, indicó que de acuerdo con datos de las instituciones de salud, al día nacen 931 bebés de madres adolescentes, menores de 19 años, “lo cual nos da una cifra de más de 340 mil embarazos adolescentes al año.

“Lo preocupante son los embarazos que se dan entre niñas de entre 10 y 14 años que en 2016 llegaron a 11 mil casos”, subrayó.

Aseguró que en siete de cada 10 casos de estos embarazos, los padres tienen entre 18 y 78 años, “lo que habla de un tema fundamental y es que estos embarazos, en la mayoría de los casos, están ligados a cuestiones de abuso, de violación, y esto debe encender las alarmas respecto al tipo de política pública a implementar”.

Lerdo de Tejada enfatizó que el reto es atender este problema desde un entorno de violencia, “y las políticas públicas tienen que ir encaminadas en ese sentido, pero con un enfoque integral, transversal y desde todos los frentes: educación sexual, estrategias que fortalezcan el tejido social y los factores socio-culturales de las comunidades rurales, prevención, concientización de embarazos tempranos, acceso a servicios de salud, entre otros”, aseguró.

En tanto, el legislador José Luis Rodríguez, presidente de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, consideró que se deben generar acciones de carácter legislativo que ayuden a cambiar la realidad.

El diputado del grupo parlamentario de MORENA agregó que las cifras de la capital no tienen el nivel de alarma que presentan otras entidades de la República; “aquí se tiene una ventaja: la ciudad tiene un papel multiplicador, lo que sucede aquí impacta de manera positiva a nivel nacional”.

“Queremos niñas y niños en la escuela, que tengan la oportunidad de soñar y de tener mejores oportunidades de vida. Por eso los integrantes de esta primera Legislatura del Congreso tenemos que trabajar para que estas brechas de desigualdad no persistan en nuestro país, que tengamos niñas que tengan en su mente la posibilidad de ser profesionistas destacadas”, concluyó.

Después de la inauguración del foro Embarazo infantil forzado y matrimonio infantil, participaron en mesas de discusión Natalia Reyes Heroles, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Eugenia López Uribe, representante del movimiento Girls not Brides (Niñas no novias); Julia Escalante de Haro, del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres; Valeria Vázquez Vázquez, de ELIGE, Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos; y Nashielly Contreras Orozco, del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.  

CÁMARA DE DIPUTADOS

Los derechos humanos son el basamento de toda sociedad civilizada: Porfirio Muñoz Ledo

Redacción

El Presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, afirmó que los derechos humanos, además de ser universales, inalienables y progresivos, son el basamento de toda sociedad civilizada.

Al asistir a una sesión especial en el Senado de la República, con motivo de la visita de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, el legislador resaltó que en México el acento se ha puesto en los derechos indígenas, de las mujeres, de los migrantes y las libertades públicas.

Agregó que prácticamente todos los campos de la jurisdicción mexicana y de la legislación son una extensión de los derechos humanos. Y manifestó: “Sin memoria, no hay derechos humanos. Sin decisiones políticas del Estado, éstos se ahogan”.

“A nosotros que creemos en las causas de derechos humanos nos da mucho gusto cuando los observadores internacionales hablan fuerte, como lo hace Jan Jarab, el encargado en México de la oficina de derechos humanos. Y nos gusta que hablen fuerte no solamente del presente, sino también del pasado”.

“Esperamos que ahora sea el día de esos derechos, con motivo de la refundación política de México y de lo que llamamos la Cuarta Transformación del país”, comentó.

El diputado Muñoz Ledo añadió que todo lo que contiene la Constitución de la Ciudad de México son derechos humanos. “No hay nada fraseado de otro modo, de la primera palabra a la última son derechos humanos”.


“No hay ni siquiera, como en otras constituciones, órganos de gobierno, lo presentamos como derecho al buen gobierno y está inspirado en la Convención de Lisboa, que es la Constitución de la Unión Europea”, expresó.

CÁMARA DE DIPUTADOS

No habrá gobiernos fuertes,  soberanos, ni contrapesos, con estados y municipios débiles en lo fiscal y financiero

  • Necesario, ejercer de mejor manera los recursos y elevar la recaudación: Ramírez Cuéllar
Redacción

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena), sostuvo que no habrá gobiernos fuertes,  soberanos, ni contrapesos, si los estados y municipios viven con debilidad fiscal y financiera, por lo que es necesario ejercer de mejor manera los recursos y elevar la recaudación; es decir, el gasto dispendioso debe acabar en todos los niveles.

Al inaugurar el “II Foro en entre Legisladores en Materia Hacendaria: Reforma de las Haciendas Públicas”, el diputado enfatizó que la racionalidad debe ser de las principales divisas de este gobierno y dejar atrás las auditorías sometidas y el control de los gobiernos estatales para dar paso a una nueva figura nacional que permita emprender una fiscalización completa del gasto público y rendir cuentas suficientes a las y los ciudadanos.

Indicó que este foro busca sacar el máximo potencial de la recaudación al predial, pues somos quizá de los últimos países en precepción de estos ingresos, así como los impuestos ambientales, a fin de encontrar entre todos un crecimiento sustancial de los ingresos de las haciendas públicas estatales y municipales.

Enfatizó que no se desea aumentar la tasa del Impuesto Sobre la Renta, porque son competitivas, pero hay una brecha muy amplia  entre la establecida en la ley y la efectivamente pagada, por lo que debe ser analizada.

Además, aseguró que se pretende que cuando llegue el presupuesto, éste se acompañe de propuestas que permitan llegar al 2020, por lo menos, con un incremento de dos por ciento del Producto Interno Bruto, de alrededor de 480 mil millones de pesos, “que es lo que se requiere para terminar con el rezago en materia de inversión, fortalecer empresas y generar obras públicas, empleos y programas sociales robustos”.

“Si queremos un Estado que tenga una capacidad de inversión y  un incremento sustancial para construir más carreteras, resolver el atraso y destrucción en materia de salud, educación, agua y de cosas fundamentales, se requiere fortalecer las haciendas públicas”.

Detalló que en este foro se analizan los temas de los grandes boquetes fiscales, de la facturación falsa, el comercio digital. El objetivo es fomentar la recaudación y constituir un soporte importante para el desarrollo, así como la actualización de los IEPS para que coadyuve a enfrentar las epidemias de las enfermedades catastróficas como cáncer, obesidad, diabetes y cardiovasculares.

        El auditor superior de la Federación, David Colmenares Páramo, señaló que a la ASF le corresponde la lucha contra la corrupción y la mejor prevención es tener un marco normativo correcto. “El ejercicio preventivo no empieza en las auditorías” sino en el ejercicio mismo de gasto, particularmente en aquellos fondos que han sido motivo de preocupación social como los gastos en educación,  del sector salud, de infraestructura social municipal y en materia de  seguridad pública.

        Indicó que la necesidad de hacer una reforma fiscal o una revisión del pacto fiscal, son temas que han estado siempre presentes, por lo menos en los últimos años, porque evidentemente se tiene una gran presión en materia de finanzas públicas.

        Se tiene, dijo, un gasto público que, además de que no ha sido muchas veces bien aplicado, no se han revisado muchos criterios, tanto para la distribución de recursos con las entidades federativas y los municipios, y en la parte recaudatoria están muy concentrados en el orden federal. Precisó que la participación de los estados crece apenas el cuatro, cinco por ciento del total, y el uno por ciento aproximadamente en el orden municipal.

        Nuestra carga fiscal, dijo, es de las más bajas del mundo, por lo menos de los países de la OCDE, cuyo promedio es 34 por ciento. En América Latina y el Caribe es del 22 y  “nosotros andamos por el 16, incluyendo los ingresos de seguridad social”.

        Afirmó que existe una gran dependencia de la mayor parte de las entidades federativas en las transferencias federales, las condicionadas y las no condicionadas.

        Indicó que la mayor parte de las participaciones, los ingresos libres de las entidades federativas, se utilizan fundamentalmente en gasto corriente, subsidios, educación media y superior, para la aportación estatal a las universidades, que también es asimétrica, hay entidades que aportan 10 por ciento del total y otras rebasan el 50 por ciento.

        Resaltó que se está ante la necesidad de replantearse toda la dinámica recaudatoria y el grado de responsabilidad fiscal.

        Consideró que esta función tan dinámica que realiza el Congreso se tendrá que dar en un proceso de correlación,  concertación, con los órdenes de gobierno y congresos estatales.

        Entonces, esto puede darnos las bases para una reflexión nacional donde surjan propuestas sobre la necesidad de una revisión de nuestro sistema fiscal. Realmente el peso de los impuestos petroleros, los ingresos petroleros, ha descendido en la estructura de ingresos del país, pero crecieron, en contraparte, los derivados del IEPS de gasolinas.

        Refirió que en  el primer bimestre hubo caída en el IVA, aunque con un incremento en renta, de tal forma que las participaciones de los estados en enero-febrero, estuvieron por arriba de lo programado y de lo que se les pagó el año pasado. Sin embargo, es evidente que en el mediano plazo no habrá problemas porque hay un Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, que tiene cerca de 80 mil millones de pesos y que puede permitir cualquier impacto negativo de los ingresos nacionales.

        “Hoy, las condiciones, en ese sentido, están positivas y esos recursos pueden servir para poder intentar que mejoren los ingresos de los estados”, agregó.
        Sostuvo que un principio básico es que se necesitan tres órdenes de gobierno fiscalmente fuertes, de tal forma que incrementen los ingresos del gobierno federal, los estatales y los municipales. “No podemos hacer unas reformas que les quiten a unos para darles a otros”.

        Entonces, continuó, “eso significa solamente un gran esfuerzo, simplificar nuestras leyes, revisar en el caso de los rubros de gasto también el destino de los mismos y prevenir”.

        Durante su conferencia magistral “Necesidades del gasto: panorama actual de las finanzas públicas a nivel federal”, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, resaltó que el país tiene una serie de retos muy claros que son: falta de crecimiento y desigualdad.  

        Precisó que entre 1993 y 2017 el país ha aumentado a tasas reales, promedio, anuales, de 2.4 por ciento. En el mismo periodo, el crecimiento de la población fue de alrededor de 1.5 por ciento. De tal forma que la tasa de crecimiento per cápita del PIB se ubica alrededor de 1 por ciento, de las más bajas en toda la región de América Latina.

        Precisó que se recauda muy poco, sólo el 13 por ciento del PIB y todavía alrededor del cuatro por ciento del PIB viene de ingresos petroleros.

        Refirió que, desafortunadamente, nuestros problemas de recaudación, durante mucho tiempo estuvieron ocultos por los recursos petroleros. En la medida en que estos han caído, esto ha destapado este problema que estaba oculto.

        Explicó que los ingresos disminuyeron porque no se ha podido invertir en este sector y esto se traduce en que la plataforma de producción de Pemex cayó prácticamente a la mitad. Al mismo tiempo, los precios del petróleo tienen volatilidad extraordinariamente alta.

        Mencionó que Estados Unidos recauda más del 20 por ciento; Brasil, cerca del 34 por ciento; Argentina 20 y tantos, y Uruguay, 29 por ciento del PIB. “Estamos mucho más cerca de Guatemala, que recauda apenas un poco más del 11 por ciento, o de Paraguay, que son usualmente nuestros pares”.

        Resaltó que la deuda de nuestro país pasó de 28 por ciento del PIB en el 2008, a 49 por ciento del PIB en 2016. “Así es que lo que nos queda hacer en materia de crédito es ser muy responsables, empezar a tener una serie de superávits primarios, que nos permitan ir bajando esto. Luego, nos queda una agenda muy clara de cómo ir recaudando más y mejor”.

        Comentó que si se hiciera una mejoría de los ingresos y recaudar como Nicaragua, “y eso es poner la barra relativamente baja”, eso representaría 750 mil millones de pesos adicionales por año. “Lo que se puede hacer en términos de educación, agua, gasto de inversión con eso es impresionante”.

        Recordó que el Presidente ha ofrecido no subir  las tasas impositivas durante los primeros tres años de su administración, por lo que consideró que se debe cobrar mejor lo que está autorizado. Comentó que una de las cosas que se implantan es la eliminación de la compensación universal automática, que permitía evasión, elusión y defraudación.

        Herrera Gutiérrez mencionó que otro tema en el que se trabaja para el 2020 es cómo aplicar tasas impositivas y recaudar en la economía digital, ya que hacer su identificación es extraordinariamente compleja. Comentó que algunos países como Estados Unidos, donde residen muchas de las empresas líderes en economía digital, refieren que el establecimiento permanente es donde está la empresa y las naciones europeas dicen que es donde se consume el bien”.

        Y eso, agregó, ha generado un conflicto, de acuerdo con el nivel internacional: “no tenemos la estructura tributaria internacional óptima” y no se sabe cuál va a ser, pero que eventualmente cuando ésta exista va a tener que ser homogénea entre todos los países. Mientras se llega a ese acuerdo, lo que está permitido es que los países puedan interponer medidas tributarias de carácter interino que les permita recaudar mientras el problema se resuelve.

        El subsecretario destacó que los estados, en promedio, entre el 85 y el 90 por ciento de los recursos les llegan, ya sea a través de las transferencias federales o de las participaciones federales. Si el gobierno federal recauda solamente el 13 por ciento del PIB y sus ingresos están acotados, en ese mismo sentido lo está lo que le va a llegar a los estados y los municipios. Consideró que hay dos formas de atacar esto: mejorar la recaudación en el ámbito federal y la de los estados y municipios.

        Mencionó que el gobierno  federal está encargado de la política ambiental, de la Defensa Nacional, de la Marina. Aun un estado muy grande no tiene esos recursos; los estados en México están encargados de la educación y la salud y los municipios de los servicios como bacheo, alumbrado, agua, manejo de residuos sólidos y seguridad.

        De tal forma que, cuando tenemos un desequilibrio fiscal en los ingresos y entre los niveles de estados, no nada más faltan recursos para inversión o para los servicios, sino que faltan de manera asimétrica, hay menos para agua, para residuos sólidos que lo que hay para los servicios federales y menos para educación y salud que para algunas otras cosas, indicó.

        Enfatizó que se debe atacar esa desigualdad y estimó que se debe tener en mente, cuando se tenga una discusión, los impuestos a la tenencia y al predial, el cual es una de las posibles salidas que se ensaya en algún municipio, dejar que este gravamen  siga siendo municipal, pero que lo administre un estado.

En su conferencia magistral, “Fortalecimiento de los Ingresos: caso de éxito”, la presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputada Patricia Terrazas Baca (PAN), expuso que para lograr la distribución del gasto de manera equitativa hay que atacar la corrupción e implantar las sanciones y medidas correctivas aplicadas a los contribuyentes que no cumplen con las obligaciones fiscales en tiempo y forma.

Consideró que no es necesario tener un mayor número de personas para fiscalizar mejor, sino que conozcan la materia tributaria.

Subrayó que en todos los estados y municipios existe posibilidad de denunciar la corrupción, pero ésta se tiene que detectar. “Sí es difícil, sí se corre riesgo, pero si no se trabaja para erradicarla, sólo nos quedaremos en el discurso de todos los días; es decir, podemos estar hablando de que vamos a crecer en el ingreso, pero si no se acusa lo que se está haciendo mal, si no se cortan las malas prácticas de origen no se logrará este objetivo”.

La diputada Terrazas Baca pidió a los representantes estales y municipales aplicarse en sus esquemas de fiscalización y con ello habrá dinero para todo y se eliminará la corrupción.

Respecto a la experiencia de Chihuahua en materia de fiscalización, relató que se localizaron 36 empresas que realizaban operaciones inexistentes o simuladas con el gobierno del estado; 32 están publicadas como definitivas.

Además, se iniciaron facultades de comprobación a 56  contribuyentes que tuvieron operaciones con el gobierno, la cifra cobrada ascendió a 50 millones 770 pesos, la cifra virtual es de 78 millones de pesos y la liquidada es de casi 900 millones de pesos;  por liquidar existen 812 millones de pesos.

En tanto, se presentaron seis querellas por defraudación fiscal y se estableció la estrategia de no pago a los proveedores de gobierno con contribuyentes que tienen pendientes pagos y se logró obtener una lista de 23 personas imputadas, entre ellas funcionarios estatales y empresarios que a través de compañías fantasmas extraían el dinero de Chihuahua.

Por su parte, el procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, manifestó que enfrentamos un federalismo disfuncional y un panorama administrativo con duplicidad de funciones, por lo que resulta necesario reorientar la relación entre la Federación y los estados.

Subrayó que al país le urge, además de honestidad en el manejo de los recursos públicos, el fortalecimiento del municipio y del federalismo, que necesariamente contempla el ámbito fiscal.

En la relación entre los estados y municipios, continuó, la asignación de participaciones es indispensable, pero debe ser más transparente y sistemática.

En el federalismo fiscal, dijo, las entidades ceden al gobierno federal la recaudación de los principales impuestos, con el propósito de que les transfiera una participación. “Las transferencias de recursos federales a los gobiernos locales son el principal componente de sus ingresos, porque representan, en promedio, cerca del 81.6”.

Es importante asegurar un equilibrio entre las capacidades de gasto y las obligaciones en la recaudación de impuestos, con el fin de establecer incentivos positivos, por medio de los cuales todos los niveles de gobierno mantengan un cuidado y responsabilidad sobre el dinero que ejercen, cumpliendo así el principio de responsabilidad fiscal.

        En su conferencia magistral, “Reforma de las haciendas públicas”, Enrique Gerardo Quintana López, vicepresidente y director general  editorial de El Financiero, señaló que una de las razones fundamentales para hacer una reforma de las haciendas públicas, son los márgenes que tiene el Estado mexicano para desarrollar políticas públicas y cumplir sus compromisos en los tres niveles de gobierno que son extremadamente limitados, por lo que requieren ampliarse.

        Refirió que de acuerdo con la medición del Fondo Monetario Internacional, el gasto público como porcentaje del PIB llega al 38 por ciento en las naciones desarrolladas, los países avanzados gastan más.
En América Latina, el promedio del gasto público equivale al 31 por ciento del PIB; mientras que en México es del 24 por ciento, siete puntos por abajo que equivalen a un billón 740 mil millones de pesos, del promedio de la región. Enfatizó que se necesita gastar más en México si se quiere tener un Estado que cumpla con sus compromisos.

Previamente, Antoni Smith, director general de la Fundación Westminster para la Democracia, señaló que la vigilancia financiera es fundamental en los sistemas de los países con recursos petroleros o minerales, los cuales en América Latina existen todas esas experiencias. Por esta razón, añadió, es alentador que el Congreso debata sobre la optimización de los recursos públicos.

Destacó que la tarea de la fundación es acompañar a los líderes políticos que intentan mejorar la democracia en su país, y les permita enfrentar los desafíos más importantes de los ciudadanos.


Anjoum Noorani, consejero de Prosperidad de la Embajada del Reino Unido en México, dijo que uno de los objetivos de su gobierno es colaborar con México para garantizar el Estado de derecho y luchar contra la corrupción.

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO


Los jóvenes son el sector de la población más vulnerable ante la violencia

  • En las instalaciones del Congreso local se realiza el foro “la voz de los jóvenes en la Ciudad de México”
  • Tenemos la encomienda de fortalecer los proyectos legislativos, de la mano con la ciudadanía, en favor de la juventud: diputada Ana Cristina Hernández
  • “Tenemos un contexto violento, consumimos violencia en el cine, televisión, en el arte. La violencia se ha incorporado en la vida cotidiana”: Emilio Daniel Cunjama López

Investigadores del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), y la presidenta de la Comisión de la Juventud del Congreso local, diputada Ana Cristina Hernández Trejo, coincidieron en señalar que los jóvenes son la población más vulnerable ante los índices de violencia y delincuencia; por lo que es indispensable escuchar sus necesidades y atender las problemáticas que enfrentan, a través de leyes y políticas públicas efectivas.

En el marco del foro La voz de los jóvenes en la Ciudad de México, realizado en las instalaciones del Congreso citadino, Hernández Trejo aseguró que el objetivo del encuentro es crear un espacio libre, abierto e inclusivo, que permita expresar inquietudes y manifestar ideas. “Para nosotros es muy importante conocer el entorno y el papel que juegan los jóvenes. Escucharlos es un tema  fundamental para el fortalecimiento de sus derechos y libertades”.

El Congreso local es un Parlamento Abierto y “bajo esa directriz tenemos la encomienda de fortalecer los proyectos legislativos, de la mano con la ciudadanía; con transparencia y apertura, por ello,  son los jóvenes los protagonistas de este espacio legislativo y quienes darán las pautas para que exista una ley secundaria  acorde a las necesidades y a los nuevos desafíos que enfrenta la ciudad”, resaltó.

La diputada de MORENA reiteró su compromiso por fortalecer una sociedad democrática con una visión joven e inclusiva, que ofrezca perspectivas y garantice los derechos y libertades consagrados en la Constitución Política local.

Durante la realización del foro, David Díaz Hernández, investigador del INACIPE, aseguró que los jóvenes son el sector social más vulnerable, al ser quienes ejercen violencia, y también los que la padecen; por lo que es importante dotarles de seguridad e identidad como ciudadanos.

Destacó que el consumo y  la globalización tienen una relación directa con  la delincuencia, violencia y narcomenudeo, y es fundamental que las instituciones generen un sistema de educación y cultura de calidad.

“Cuando hablamos de jóvenes, debemos tener en cuenta que existen diferencias y diversidades, que la realidad que viven es cambiante. Cuando hablamos de juventud, homogeneizamos a todos, y existen diferencias enormes que tienen que ver con su género, escolaridad, estatus social y su ciudad de pertenencia”, dijo.

Aseguró que el gobierno tiene como reto crear una política pública en donde se escuchen sus manifestaciones artísticas y culturales; en donde se trabaje en apoyarlos para que generen niveles de autoestima alta, valores y se les escuche.

Emilio Daniel Cunjama López, también del INACIPE, sostuvo que estos foros son fundamentales para la construcción de políticas públicas afectivas, encaminadas a atender las necesidades de los jóvenes de la Ciudad de México.

Detalló que en la sociedad existen dos condiciones de los jóvenes: quienes poseen un alto poder adquisitivo, educación, gastos resueltos para poder estudiar y tener acceso a necesidades de ropa, tecnología, espacios culturales, entre otros; y  aquellos que no tienen ni la posibilidad de acceder a cosas básicas como la educación, alimentación, salud, vivienda y vestimenta.

Indicó que 95.6 por ciento de los jóvenes no tiene acceso a la educación, por lo que se debe trabajar en abordar las problemáticas a las que se enfrentan.

“Ambos grupos sociales de jóvenes viven en un contexto altamente violento, que se ha convertido en un espacio de consumos culturales, consumimos violencia en el cine, en la televisión, en el propio arte. La violencia se ha incorporado en la vida cotidiana de los jóvenes a tal grado que también se ha idolatrado, prueba de ello es el narcotráfico”, acusó.

Advirtió que dichas expresiones culturales han sido muy seductoras para los jóvenes, lo que genera que sean un sector social en riesgo, “y esto facilita el vínculo entre la violencia y la criminalidad con este sector de la población”.

“La juventud es la protagonista del contexto de inseguridad y la violencia que vivimos, ya que son quienes hacen y sufren más de esta problemática, por ello se debe generar una política pública que nos ayude a contenerlos de la delincuencia, Me parece que la clave está en el arte y la cultura, en escucharlos y saber cuáles son sus necesidades y atenderlas, y no invalidar sus opiniones”, añadió.

El investigador Alan García Huitrón comentó que las políticas públicas deben ser generadas por los jóvenes y se debe recobrar el sentido social de la ciudad, así como la transversalización de las acciones integrales.

Recordó que del año 2015 al 2018, los índices de homicidios, robo y narcomenudeo se incrementaron en la Ciudad de México, y estos tres delitos representaron 61 por ciento del total de la incidencia delictiva.

Por ello, aseguró, es importante que las autoridades en lugar de ampliar la lista de delitos en el Código Penal generen una reforma social que garantice los derechos económicos, sociales y culturales de los jóvenes. “una política pública efectiva puede permitir detener la violencia, desigualdad y mejorar las condiciones sociales y culturales de este sector de la población”.

Indicó que la Ciudad de México es una de las cinco entidades con mayor desigualdad social en el país, por lo que “es indispensable destinar mayor cantidad de recursos a políticas públicas para este sector de la población, fortalecer la relaciones gubernamentales y garantizar sus derechos”.