CÁMARA DE DIPUTADOS

No habrá gobiernos fuertes,  soberanos, ni contrapesos, con estados y municipios débiles en lo fiscal y financiero

• Necesario, ejercer de mejor manera los recursos y elevar la recaudación: Ramírez Cuéllar

Redacción

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena), sostuvo que no habrá gobiernos fuertes,  soberanos, ni contrapesos, si los estados y municipios viven con debilidad fiscal y financiera, por lo que es necesario ejercer de mejor manera los recursos y elevar la recaudación; es decir, el gasto dispendioso debe acabar en todos los niveles.

Al inaugurar el “II Foro en entre Legisladores en Materia Hacendaria: Reforma de las Haciendas Públicas”, el diputado enfatizó que la racionalidad debe ser de las principales divisas de este gobierno y dejar atrás las auditorías sometidas y el control de los gobiernos estatales para dar paso a una nueva figura nacional que permita emprender una fiscalización completa del gasto público y rendir cuentas suficientes a las y los ciudadanos.

Indicó que este foro busca sacar el máximo potencial de la recaudación al predial, pues somos quizá de los últimos países en precepción de estos ingresos, así como los impuestos ambientales, a fin de encontrar entre todos un crecimiento sustancial de los ingresos de las haciendas públicas estatales y municipales.

Enfatizó que no se desea aumentar la tasa del Impuesto Sobre la Renta, porque son competitivas, pero hay una brecha muy amplia  entre la establecida en la ley y la efectivamente pagada, por lo que debe ser analizada.

Además, aseguró que se pretende que cuando llegue el presupuesto, éste se acompañe de propuestas que permitan llegar al 2020, por lo menos, con un incremento de dos por ciento del Producto Interno Bruto, de alrededor de 480 mil millones de pesos, “que es lo que se requiere para terminar con el rezago en materia de inversión, fortalecer empresas y generar obras públicas, empleos y programas sociales robustos”.

“Si queremos un Estado que tenga una capacidad de inversión y  un incremento sustancial para construir más carreteras, resolver el atraso y destrucción en materia de salud, educación, agua y de cosas fundamentales, se requiere fortalecer las haciendas públicas”.

Detalló que en este foro se analizan los temas de los grandes boquetes fiscales, de la facturación falsa, el comercio digital. El objetivo es fomentar la recaudación y constituir un soporte importante para el desarrollo, así como la actualización de los IEPS para que coadyuve a enfrentar las epidemias de las enfermedades catastróficas como cáncer, obesidad, diabetes y cardiovasculares.

        El auditor superior de la Federación, David Colmenares Páramo, señaló que a la ASF le corresponde la lucha contra la corrupción y la mejor prevención es tener un marco normativo correcto. “El ejercicio preventivo no empieza en las auditorías” sino en el ejercicio mismo de gasto, particularmente en aquellos fondos que han sido motivo de preocupación social como los gastos en educación,  del sector salud, de infraestructura social municipal y en materia de  seguridad pública.

        Indicó que la necesidad de hacer una reforma fiscal o una revisión del pacto fiscal, son temas que han estado siempre presentes, por lo menos en los últimos años, porque evidentemente se tiene una gran presión en materia de finanzas públicas.

        Se tiene, dijo, un gasto público que, además de que no ha sido muchas veces bien aplicado, no se han revisado muchos criterios, tanto para la distribución de recursos con las entidades federativas y los municipios, y en la parte recaudatoria están muy concentrados en el orden federal. Precisó que la participación de los estados crece apenas el cuatro, cinco por ciento del total, y el uno por ciento aproximadamente en el orden municipal.

        Nuestra carga fiscal, dijo, es de las más bajas del mundo, por lo menos de los países de la OCDE, cuyo promedio es 34 por ciento. En América Latina y el Caribe es del 22 y  “nosotros andamos por el 16, incluyendo los ingresos de seguridad social”.

        Afirmó que existe una gran dependencia de la mayor parte de las entidades federativas en las transferencias federales, las condicionadas y las no condicionadas.

        Indicó que la mayor parte de las participaciones, los ingresos libres de las entidades federativas, se utilizan fundamentalmente en gasto corriente, subsidios, educación media y superior, para la aportación estatal a las universidades, que también es asimétrica, hay entidades que aportan 10 por ciento del total y otras rebasan el 50 por ciento.

        Resaltó que se está ante la necesidad de replantearse toda la dinámica recaudatoria y el grado de responsabilidad fiscal.

        Consideró que esta función tan dinámica que realiza el Congreso se tendrá que dar en un proceso de correlación,  concertación, con los órdenes de gobierno y congresos estatales.

        Entonces, esto puede darnos las bases para una reflexión nacional donde surjan propuestas sobre la necesidad de una revisión de nuestro sistema fiscal. Realmente el peso de los impuestos petroleros, los ingresos petroleros, ha descendido en la estructura de ingresos del país, pero crecieron, en contraparte, los derivados del IEPS de gasolinas.

        Refirió que en  el primer bimestre hubo caída en el IVA, aunque con un incremento en renta, de tal forma que las participaciones de los estados en enero-febrero, estuvieron por arriba de lo programado y de lo que se les pagó el año pasado. Sin embargo, es evidente que en el mediano plazo no habrá problemas porque hay un Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, que tiene cerca de 80 mil millones de pesos y que puede permitir cualquier impacto negativo de los ingresos nacionales.

        “Hoy, las condiciones, en ese sentido, están positivas y esos recursos pueden servir para poder intentar que mejoren los ingresos de los estados”, agregó.

        Sostuvo que un principio básico es que se necesitan tres órdenes de gobierno fiscalmente fuertes, de tal forma que incrementen los ingresos del gobierno federal, los estatales y los municipales. “No podemos hacer unas reformas que les quiten a unos para darles a otros”.

        Entonces, continuó, “eso significa solamente un gran esfuerzo, simplificar nuestras leyes, revisar en el caso de los rubros de gasto también el destino de los mismos y prevenir”.

        Durante su conferencia magistral “Necesidades del gasto: panorama actual de las finanzas públicas a nivel federal”, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, resaltó que el país tiene una serie de retos muy claros que son: falta de crecimiento y desigualdad.  

        Precisó que entre 1993 y 2017 el país ha aumentado a tasas reales, promedio, anuales, de 2.4 por ciento. En el mismo periodo, el crecimiento de la población fue de alrededor de 1.5 por ciento. De tal forma que la tasa de crecimiento per cápita del PIB se ubica alrededor de 1 por ciento, de las más bajas en toda la región de América Latina.

        Precisó que se recauda muy poco, sólo el 13 por ciento del PIB y todavía alrededor del cuatro por ciento del PIB viene de ingresos petroleros.

        Refirió que, desafortunadamente, nuestros problemas de recaudación, durante mucho tiempo estuvieron ocultos por los recursos petroleros. En la medida en que estos han caído, esto ha destapado este problema que estaba oculto.

        Explicó que los ingresos disminuyeron porque no se ha podido invertir en este sector y esto se traduce en que la plataforma de producción de Pemex cayó prácticamente a la mitad. Al mismo tiempo, los precios del petróleo tienen volatilidad extraordinariamente alta.

        Mencionó que Estados Unidos recauda más del 20 por ciento; Brasil, cerca del 34 por ciento; Argentina 20 y tantos, y Uruguay, 29 por ciento del PIB. “Estamos mucho más cerca de Guatemala, que recauda apenas un poco más del 11 por ciento, o de Paraguay, que son usualmente nuestros pares”.

        Resaltó que la deuda de nuestro país pasó de 28 por ciento del PIB en el 2008, a 49 por ciento del PIB en 2016. “Así es que lo que nos queda hacer en materia de crédito es ser muy responsables, empezar a tener una serie de superávits primarios, que nos permitan ir bajando esto. Luego, nos queda una agenda muy clara de cómo ir recaudando más y mejor”.

        Comentó que si se hiciera una mejoría de los ingresos y recaudar como Nicaragua, “y eso es poner la barra relativamente baja”, eso representaría 750 mil millones de pesos adicionales por año. “Lo que se puede hacer en términos de educación, agua, gasto de inversión con eso es impresionante”.

        Recordó que el Presidente ha ofrecido no subir  las tasas impositivas durante los primeros tres años de su administración, por lo que consideró que se debe cobrar mejor lo que está autorizado. Comentó que una de las cosas que se implantan es la eliminación de la compensación universal automática, que permitía evasión, elusión y defraudación.

        Herrera Gutiérrez mencionó que otro tema en el que se trabaja para el 2020 es cómo aplicar tasas impositivas y recaudar en la economía digital, ya que hacer su identificación es extraordinariamente compleja. Comentó que algunos países como Estados Unidos, donde residen muchas de las empresas líderes en economía digital, refieren que el establecimiento permanente es donde está la empresa y las naciones europeas dicen que es donde se consume el bien”.

        Y eso, agregó, ha generado un conflicto, de acuerdo con el nivel internacional: “no tenemos la estructura tributaria internacional óptima” y no se sabe cuál va a ser, pero que eventualmente cuando ésta exista va a tener que ser homogénea entre todos los países. Mientras se llega a ese acuerdo, lo que está permitido es que los países puedan interponer medidas tributarias de carácter interino que les permita recaudar mientras el problema se resuelve.

        El subsecretario destacó que los estados, en promedio, entre el 85 y el 90 por ciento de los recursos les llegan, ya sea a través de las transferencias federales o de las participaciones federales. Si el gobierno federal recauda solamente el 13 por ciento del PIB y sus ingresos están acotados, en ese mismo sentido lo está lo que le va a llegar a los estados y los municipios. Consideró que hay dos formas de atacar esto: mejorar la recaudación en el ámbito federal y la de los estados y municipios.

        Mencionó que el gobierno  federal está encargado de la política ambiental, de la Defensa Nacional, de la Marina. Aun un estado muy grande no tiene esos recursos; los estados en México están encargados de la educación y la salud y los municipios de los servicios como bacheo, alumbrado, agua, manejo de residuos sólidos y seguridad.

        De tal forma que, cuando tenemos un desequilibrio fiscal en los ingresos y entre los niveles de estados, no nada más faltan recursos para inversión o para los servicios, sino que faltan de manera asimétrica, hay menos para agua, para residuos sólidos que lo que hay para los servicios federales y menos para educación y salud que para algunas otras cosas, indicó.

        Enfatizó que se debe atacar esa desigualdad y estimó que se debe tener en mente, cuando se tenga una discusión, los impuestos a la tenencia y al predial, el cual es una de las posibles salidas que se ensaya en algún municipio, dejar que este gravamen  siga siendo municipal, pero que lo administre un estado.

En su conferencia magistral, “Fortalecimiento de los Ingresos: caso de éxito”, la presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputada Patricia Terrazas Baca (PAN), expuso que para lograr la distribución del gasto de manera equitativa hay que atacar la corrupción e implantar las sanciones y medidas correctivas aplicadas a los contribuyentes que no cumplen con las obligaciones fiscales en tiempo y forma.

Consideró que no es necesario tener un mayor número de personas para fiscalizar mejor, sino que conozcan la materia tributaria.

Subrayó que en todos los estados y municipios existe posibilidad de denunciar la corrupción, pero ésta se tiene que detectar. “Sí es difícil, sí se corre riesgo, pero si no se trabaja para erradicarla, sólo nos quedaremos en el discurso de todos los días; es decir, podemos estar hablando de que vamos a crecer en el ingreso, pero si no se acusa lo que se está haciendo mal, si no se cortan las malas prácticas de origen no se logrará este objetivo”.

La diputada Terrazas Baca pidió a los representantes estales y municipales aplicarse en sus esquemas de fiscalización y con ello habrá dinero para todo y se eliminará la corrupción.

Respecto a la experiencia de Chihuahua en materia de fiscalización, relató que se localizaron 36 empresas que realizaban operaciones inexistentes o simuladas con el gobierno del estado; 32 están publicadas como definitivas.

Además, se iniciaron facultades de comprobación a 56  contribuyentes que tuvieron operaciones con el gobierno, la cifra cobrada ascendió a 50 millones 770 pesos, la cifra virtual es de 78 millones de pesos y la liquidada es de casi 900 millones de pesos;  por liquidar existen 812 millones de pesos.

En tanto, se presentaron seis querellas por defraudación fiscal y se estableció la estrategia de no pago a los proveedores de gobierno con contribuyentes que tienen pendientes pagos y se logró obtener una lista de 23 personas imputadas, entre ellas funcionarios estatales y empresarios que a través de compañías fantasmas extraían el dinero de Chihuahua.

Por su parte, el procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, manifestó que enfrentamos un federalismo disfuncional y un panorama administrativo con duplicidad de funciones, por lo que resulta necesario reorientar la relación entre la Federación y los estados.

Subrayó que al país le urge, además de honestidad en el manejo de los recursos públicos, el fortalecimiento del municipio y del federalismo, que necesariamente contempla el ámbito fiscal.

En la relación entre los estados y municipios, continuó, la asignación de participaciones es indispensable, pero debe ser más transparente y sistemática.

En el federalismo fiscal, dijo, las entidades ceden al gobierno federal la recaudación de los principales impuestos, con el propósito de que les transfiera una participación. “Las transferencias de recursos federales a los gobiernos locales son el principal componente de sus ingresos, porque representan, en promedio, cerca del 81.6”.

Es importante asegurar un equilibrio entre las capacidades de gasto y las obligaciones en la recaudación de impuestos, con el fin de establecer incentivos positivos, por medio de los cuales todos los niveles de gobierno mantengan un cuidado y responsabilidad sobre el dinero que ejercen, cumpliendo así el principio de responsabilidad fiscal.

        En su conferencia magistral, “Reforma de las haciendas públicas”, Enrique Gerardo Quintana López, vicepresidente y director general  editorial de El Financiero, señaló que una de las razones fundamentales para hacer una reforma de las haciendas públicas, son los márgenes que tiene el Estado mexicano para desarrollar políticas públicas y cumplir sus compromisos en los tres niveles de gobierno que son extremadamente limitados, por lo que requieren ampliarse.

        Refirió que de acuerdo con la medición del Fondo Monetario Internacional, el gasto público como porcentaje del PIB llega al 38 por ciento en las naciones desarrolladas, los países avanzados gastan más.

En América Latina, el promedio del gasto público equivale al 31 por ciento del PIB; mientras que en México es del 24 por ciento, siete puntos por abajo que equivalen a un billón 740 mil millones de pesos, del promedio de la región. Enfatizó que se necesita gastar más en México si se quiere tener un Estado que cumpla con sus compromisos.

Previamente, Antoni Smith, director general de la Fundación Westminster para la Democracia, señaló que la vigilancia financiera es fundamental en los sistemas de los países con recursos petroleros o minerales, los cuales en América Latina existen todas esas experiencias. Por esta razón, añadió, es alentador que el Congreso debata sobre la optimización de los recursos públicos.

Destacó que la tarea de la fundación es acompañar a los líderes políticos que intentan mejorar la democracia en su país, y les permita enfrentar los desafíos más importantes de los ciudadanos.

Anjoum Noorani, consejero de Prosperidad de la Embajada del Reino Unido en México, dijo que uno de los objetivos de su gobierno es colaborar con México para garantizar el Estado de derecho y luchar contra la corrupción.