Por Josefina Vázquez Mota
La deficiencia en la aplicación de la justicia y la indiferencia de diversas autoridades en nuestro país cobró la vida de una nueva víctima: Una mujer que pedía que el asesino confeso de su hija no quedara impune luego de que éste fuera puesto en libertad y al que después las autoridades, en clara rectificación de dicho fallo, le dictaron una sentencia de 50 años de prisión, sin embargo, este veredicto llegó demasiado tarde pues el asesino ya se había dado a la fuga.
Este es el indignante final de la historia que protagonizó hace unos cuantos días en Chihuahua, la activista social Marisela Escobedo Ortiz, después de que su hija Rubí Marisol Frayre perdiera la vida a manos de la pareja de ésta última, Sergio Rafael Barraza Bocanegra.
Los medios de comunicación abundaron en detalles de esta información, Marisela Escobedo sólo pedía que el crimen de Rubí no quedara impune, exigencia que probablemente molestaba a algunos interesados en acallarla.
El desenlace de esta exigencia pone en evidencia, una vez más, un problema complejo en México: La deficiente procuración de justicia. No sólo es indignante que la justicia del Estado de Chihuahua haya permitido que el asesinato de Rubí Marisol Frayre a manos de su pareja quedara impune, sino que a la exigencia de su madre Marisela, de que se hiciera justicia, se le acallara con balas.
Semanas antes autoridades responsables habían acallado sus voces y sus reclamos de justicia con la indiferencia y, porque no decirlo, hasta con desprecio, pues Marisela pedía literalmente a gritos que el asesino, quien había confesado su crimen, no continuara libre.
Y como si se tratara de un reto a las autoridades, el asesinato de Marisela se perpetró justo frente al Palacio de Gobierno en Chihuahua, uno de los lugares supuestamente más seguros, lo cual nos deja un mensaje: Como sociedad, y en especial como legisladores, no podemos permitir que la impunidad mande un mensaje de tal envergadura, y lo que es peor, que una de las organizaciones criminales más peligrosas y violentas del país se ofrezcan hoy como justicieros de este asesinato, como sustitutos y suplentes de un sistema de justicia y un estado de derecho.
Pese a que Marisela había sido amenazada y había hecho esto del conocimiento de las autoridades estatales, estas no pudieron o no quisieron darle la protección que requería.
Resulta por demás reprobable la actuación de los jueces del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, quienes emitieron la sentencia que puso en libertad al presunto homicida de la hija de Marisela Ortiz.
Por eso es que pedimos, exigimos que la justicia en México se fortalezca y oriente hacia una mayor eficacia que genere confianza a la sociedad de que se aplicará la ley, y de que ésta se encuentra por encima de la impunidad, en un marco de respeto irrestricto a los derechos humanos.
Estamos ante la tarea urgente de combatir la corrupción en los sistemas de justicia de los estados y para ello debemos trabajar desde el ámbito local y federal, pues dentro de todo el dolor e indignación que tales acontecimientos despiertan, es inminente apelar a la modernización de los sistemas de justicia para evitar que la impunidad prevalezca.
Las voces, el dolor, los reclamos, y hoy la muerte de Marisela y de su hija Rubí deberán verse reflejados en mejores leyes que fortalezcan cada espacio de un sistema integral, certero y confiable de impartición de justicia. Pero ello no significa que estos crímenes queden sin consecuencias y nuevamente en la indiferencia y la impunidad.
Por otro lado, es inadmisible que un deficiente sistema de impartición de justicia pase por encima de la justicia misma, entorpeciéndola y dejando en libertad a criminales de la talla del asesino de Rubí; permitiendo que las amenazas en contra de Marisela Escobedo Ortiz se hayan convertido en una lamentable realidad. Su exigencia, por demás razonable, terminó con su muerte frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua.
El miedo y el silencio no son alternativa. La impunidad debe ser desterrada de una vez por todas. Este país necesita un sistema de justicia confiable que dé a las ciudadanas y a los ciudadanos la certeza de que las leyes y el respeto a los derechos humanos se hacen cumplir de manera eficaz, en síntesis: Que la justicia está al servicio de las personas. Son tiempos de responder y de enfrentar consecuencias.
No hay comentarios:
Publicar un comentario