Exigen diputados perredistas más recursos para ampliar
cobertura en educación media y superior
* Falta de opciones expone a miles de estudiantes rechazados
de las escuelas de educación media y media superior, a caer en manos de la
delincuencia
* Proponen impulsar la expansión de planteles de la UNAM y el
IPN en el país para atender la demanda universitaria en los propios estados
* Consideran que debe empezarse a construir más infraestructura
para hacer frente a la demanda cuando el bachillerato sea obligatorio en 2022
Ante las movilizaciones de rechazados que se han manifestado
en la Ciudad de México en demanda de espacios en la educación media y media
superior, diputados perredistas federales y locales demandaron al Gobierno
Federal elevar los recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
que permitan a la instituciones educativas ampliar su cobertura para que más
jóvenes puedan estudiar.
Al considerar que el otorgamiento de becas por parte de la
SEP para estudiar en escuelas privadas no representa una verdadera solución,
los asambleístas Alejandro Ojeda y Gabriel Godínez, así como la vicepresidenta
de la Cámara de Diputados, Aleida Alavez, se comprometieron a pugnar por más
presupuesto a la educación para abrir más planteles en todo el país, así como
la preparación del cuerpo docente para elevar la calidad educativa.
Luego de recordar que en la Constitución se establece como
límite el año 2022 para cubrir el bachillerato obligatorio, los legisladores
advirtieron la necesidad de dar cumplimiento de esta obligación del estado, lo
que se logrará destinando más recursos no sólo para elevar la calidad de la
educación, sino para ampliar la
infraestructura educativa en todo el país, ello permitirá abatir el índice de
rechazados por falta de espacios.
Los legisladores dijeron que alrededor del 72 por ciento de
los jóvenes mexicanos que terminan bachillerato no tienen posibilidad de
acceder a la educación superior. A ello se suma, según datos oficiales, que de
los 15 millones de mexicanos en edad de acudir a una universidad, sólo 2.2
millones cursan alguna licenciatura.
Potencialmente, sustentaron, miles de jóvenes que radican en
la ciudad de México están expuestos a relacionarse con todo tipo de delitos,
actividades ilegales y adicciones, al quedar excluidos, de los sistemas
educativos medio y superior, así como
del plano laboral.
Ante tal situación se pronunciaron porque la UNAM y el IPN amplíen su cobertura a todo el país,
incluyendo los niveles de bachillerato y superior, y hacer de estas casas de
estudio verdaderas instancias nacionales y combatir su plan de nación con bajo
índice educativo.
Sostuvieron que para abatir el rezago se requiere voluntad
política para financiar la educación en nuestro país. Los recursos, explicaron,
pueden proceder, por ejemplo, reduciendo el pago de intereses que se hacen al
IPAB, mismo que administra una deuda que equivale a 5.17 puntos del PIB, poco
más de 824 mil millones de pesos.
Mientras se niegan recursos para expandir la educación
universitaria, el IPAB sigue recibiendo transferencias fiscales y para 2014
serán poco más de 9 mil millones de pesos, de los cuales 75 por ciento se irá
al pago de intereses que sólo benefician a un reducido grupo de banqueros
rapaces, expresaron.
Lamentaron que pese a ser el principal motor del país, los
jóvenes estén sumergidos en el desempleo y limitados en su acceso a educación
media y superior, lo que los expone a ser atraídos por la delincuencia organizada,
tal como lo demuestran las cifras.
Informaron que en el país hay más de 37 millones de jóvenes,
de los cuales más del 53 por ciento, entre los 14 y 29 años de edad, están desempleados. Ello empuja a este sector
a cometer ilícitos, de tal manera que alrededor del 45 por ciento de la
población carcelaria es de jóvenes y más de la mitad proviene de familias de
escasos recursos.
Además, a nivel nacional 85 menores son encarcelados
diariamente por cometer algún delito y dos tercios de las personas encarceladas
por narcotráfico tienen entre 17 y 25 años.
Mencionaron que el promedio de escolaridad de los jóvenes
mexicanos es de 10 años, mientras que 94 por ciento de aspirantes a la UNAM es
rechazado; en tanto, 40 por ciento de los que tienen trabajo ganan menos de dos
salarios mínimos y el promedio de ingreso mensual de los egresados de maestría
y doctorado es de 9 mil 272 pesos mensuales.
Explicaron que de acuerdo con la información oficial, en
nuestro país hay aproximadamente 4.4 millones de jóvenes de 15 a 17 años de
edad que asisten a escuelas de educación media superior.
De ese universo, agregaron, 36.9 por ciento de la matrícula
fue atendida por instituciones del gobierno federal; 29 por ciento, por las
estatales; 20.9 por ciento por instituciones privadas y 13.1 por ciento
por autónomas, dependientes de las universidades.
En poco tiempo, estimaron, las preparatorias y universidades
privadas tendrán una buena parte del matriculado estudiantil que le corresponde
atender por obligación al gobierno Federal.
