jueves, 29 de julio de 2010

COMPARECENCIA


Coinciden Diputados y SEDECO Incrementar el Presupuesto de Mercados Públicos: Calderón Jiménez
* Tomar el conjunto de propuestas que se tienen para elaborar una Ley de Mercados Públicos óptima que beneficien a locatarios y consumidores; así como generar condiciones para el uso de tarjetas electrónicas y vales en estos centros de abasto
Por Francisco Roca

En mesa de trabajo, la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos de la Asamblea Legislativa (ALDF) y la secretaria de Desarrollo Económico del Distrito Federal, Laura Velázquez Alzúa, coincidieron en la necesidad de fortalecer el presupuesto destinado a mercados públicos, aprobar una ley en la materia consensuada y generar condiciones jurídicas que les permitan beneficiarse con recursos provenientes de las tarjetas de adultos mayores y de débito, así como con el cobro con vales de despensa.
El diputado del PAN y presidente de la Comisión Abasto y Distribución de Alimentos, Rafael Calderón Jiménez, destacó la importancia de contar con una sola propuesta de iniciativa de mercados públicos y planteó iniciar los trabajos para integrarla de manera conjunta entre el GDF y los legisladores, de tal forma que se presente ante el Pleno de la ALDF durante el próximo periodo ordinario de sesiones.
Detalló el legislador panista que la diferencia entre las tres iniciativas que se encuentran ya en la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos de la ALDF son básicamente los giros y la vigencia de las concesiones, además de la forma en que se distribuyen los presupuestos.
Asimismo preguntó sobre los mecanismos planeados desde la SEDECO para dar salida al esquema de protección que solicitan los locatarios, referente a la competencia desigual.
En su oportunidad, la secretaria Velázquez Alzúa señaló que se necesitan más de 140 millones de pesos para atender las necesidades del sistema de mercados de la Ciudad, que atiende en promedio a un millón 400 mil usuarios semanalmente, y es la fuente de trabajo de casi 70 mil locatarios, que a la vez generan unos 300 mil empleos directos y cerca de un millón de empleos indirectos y donde mayoritariamente trabajan mujeres (55 por ciento).
Sin embargo, reconoció que al mes de julio de 2010, de los 294 millones de pesos destinados al mantenimiento y construcción de mercados públicos, las 16 delegaciones en promedio han ejercido sólo 15 por ciento, es decir existe un subejercicio de 85 por ciento.
Ante ello, el diputado Leonel Luna Estrada señaló que presentará un punto de acuerdo para que los jefes delegacionales informen el no ejercicio de los recursos e indiquen cuál es la planeación para gastarlos. También solicitará a la Secretaría de Desarrollo Económico un informe sobre el nivel de ejercicio presupuestal en materia de mercados públicos.
En otro punto de acuerdo, el legislador propondrá exhortar al Oficial Mayor del Gobierno del Distrito Federal a generar las condiciones para permitir el uso de las tarjetas de adultos mayores y vales de despensa en los mercados públicos, además de analizar los mecanismos que permitan establecer una terminal única de punto de venta en red para el uso de tarjetas electrónicas en mercados.
Ello, comentó, reactivará la economía de los mercados públicos y combatirá la competencia desleal de las grandes tiendas comerciales. Incluso planteó la necesidad de generar un modelo de rescate de estos centros de abasto.
En su diagnóstico, Laura Velásquez Alzúa, argumentó que el 65 por ciento de los mercados públicos tienen una antigüedad de 40 a 60 años, y la inspección de 318 de estos inmuebles ha sido fundamental para conocer su infraestructura, observar los problemas sociales que generan su funcionamiento y su operación, además detectar grietas en muros, malas condiciones de las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, necesidad de mantenimiento en techumbres, pisos, canaletas y áreas de desechos, pintura exterior e interior, las áreas de carga y descarga.
Dio a conocer que de acuerdo a Protección Civil se detectaron 40 mercados en riesgo y 45 de alto riesgo. Señaló que el 79 por ciento de los mercados públicos tienen una afluencia media, sólo el 5 por ciento tiene una buena afluencia y 16 por ciento es baja. Además el 63 por ciento de los mercados tienen ambulantes y otro 32 por ciento tianguis a su alrededor, y sólo 5 por ciento dentro de los mercados.
Insistió que los principales problemas son el cierre de locales en todos los mercados públicos, que representa el 29 por ciento; 18 por ciento son arrendados; 10 por ciento fusionados, 3 por ciento deszonificados y 4 por ciento son usados como bodega. Además existen 215 concentraciones (65 por ciento con más de 35 años establecidas), cuya principal característica es que estos centros de abasto fueron construidos con recursos propios de los locatarios y no tienen apoyo gubernamental.
Velázquez Alzúa respondió que el diagnóstico realizado por la Secretaría de Protección Civil señala que el presupuesto requerido para 42 mercados en alto riesgo, es de 140 millones de pesos, sin embargo es indispensable una mesa de trabajo con el poder legislativo para definir el presupuesto no solo para dichos centros de abasto, sino para el mantenimiento que las delegaciones otorgan a los mercados.
En cuanto a concentraciones, indicó que de las 215 concentraciones, 57 tienen un diagnóstico favorable para convertirse en mercado, lo único que faltaría son recursos; seis son de reserva ecológica; 11 están en predios privados; 15 tienen algún amparo o están en zonas federales; 25 se ubican en vía pública; y 101 están en revisión y en trámite.
Solicitó modificar los artículos 25 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, y 52, fracción III, del Reglamento Interior de la Administración Pública, para otorgar facultades a la Sedeco para que opine en cuanto a las obras de manera obligatoria.
Hizo un llamado para evitar que pase otro año sólo con la relación de mercados en riesgo sin que no se logren avances a favor de la seguridad de la ciudadanía y trabajar en conjunto, no sólo en este tema, sino para avanzar con las propuestas de iniciativa en las que deberán integrar a los locatarios.

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