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Proceso de desafuero contra Saúl Huerta está en marcha y debe llegar hasta las últimas consecuencias: Manzanilla Prieto

* Se debe privilegiar el interés superior del menor

* Se espera que la Sección Instructora de la Cámara de Diputados discuta el caso en junio

Redacción

El Diputado Federal por el distrito 12 de la Ciudad de Puebla, Fernando Manzanilla Prieto, precisó que, tal como lo solicitó en un punto de acuerdo presentado por él la semana pasada ante la Cámara de Diputados, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha solicitado el inicio de juicio de procedencia contra el diputado Saúl Huerta, denunciado por abuso sexual a un menor de 15 años.

“Es esta dependencia quien al ser quien conoció de los hechos probablemente constitutivos de un delito del fuero local, quien debió llevar a la Cámara de Diputados la Solicitud de juicio de procedencia, como lo establece el artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos”, indicó.

Manzanilla Prieto dijo que dicha solicitud ya fue recibida por la Sección Instructora de la LXIV Legislatura, la cual, de acuerdo a la misma Ley es la encargada de determinar si hay elementos para proceder. El legislador mencionó que se espera que sea el mes de junio en el que se discuta y se someta tal consideración al Pleno de la Cámara de Diputados, quien es el responsable de votar a favor o en contra.

Ratificó que es este proceso el cual podría dar pie al desafuero del diputado Saúl Huerta quien enfrentaría sin ninguna protección legislativa el proceso penal que tiene abierto, no sólo por una presunta víctima, sino que se sabe que al menos son dos denuncias formales las que ya acumula.

En este sentido se pronunció por que este caso sea investigado y resuelto de la manera más expedita que sea posible, ya que dijo que al tratarse de un niño el afectado, la Constitución mandata a todas las autoridades mantener como eje rector en este proceso la protección al interés superior del menor.

“Como lo he afirmado, el fuero no puede ser utilizado como una herramienta para entorpecer las diligencias de la autoridad, y menos en una situación en la que se está poniendo en riesgo a una persona menor de edad; y es nuestro deber moral y constitucional, tanto de la Fiscalía, como de la Cámara de Diputados, el garantizar que esto no ocurra”, concluyó.