NOTA ALDF11

En Guanajuato…

Ejercen Violencia de Estado Contra las Mujeres: Aguila Torres

* Existen 160 procesos penales relacionados con abortos, sin importar que hay casos que perdieron el producto por falta de atención médica. La mayoría de las acusadas padecen pobreza y alta marginación

Por Francisco Roca


La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Claudia Elena Aguila Torres con tono enérgico hizo un llamado a la sociedad y en particular a las mujeres a cerrarle el paso al autoritarismo e intolerancia que se vive en Guanajuato. Esto porque en esa entidad se está ejerciendo una violencia de Estado en contra de las mujeres, pues existen 160 procesos en contra de féminas por motivos relacionados con el aborto, de los cuales al menos seis alcanzan sentencias de hasta 35 años.

Detalló que la Procuraduría General de Justicia de Estado de Guanajuato califica de asesinato en parentesco a mujeres que abortaron, cuando en algunos de los casos ni siquiera tuvieron un legrado inducido, sino que por falta de atención y alguna complicación médica perdieron a su bebé y, sin embargo, se les fincó una sentencia de hasta 35 años, lo que representa una flagrante violación a sus derechos humanos.

Destacó que diputadas locales del DF y federales, prestarán apoyo jurídico a las mujeres que se encuentran en estas condiciones, pues dado que la mayoría son de escasos recursos no han contado con una defensa profesional.

La legisladora del PRD de plano calificó de medievales e inquisidores a las autoridades de Guanajuato, las cuales se ensañaron con estas mujeres por considerar que se trató de un asesinato, porque según la PGJ, ya tenían una vida en su vientre, de tal manera que estas madres al abortar, mataron al producto.

Expuso que hay un caso donde la madre ya llevaba seis meses de embarazo, pero de ninguna manera ésta trató de realizar un aborto inducido, sino que tuvo complicaciones médicas que hicieron que perdiera al bebé.

Sin embargo, en una actitud totalmente autoritaria e intolerante le dieron 30 años de prisión, sin importar que esta mujer tiene otros hijos a los que dejó de atender por estar en la cárcel.

Mientras las autoridades de Guanajuato asume esta actitud inquisidora, insistió, se deja de lado que se trata de mujeres que padecen una alta marginación social, que viven en poblaciones muy pobres y carentes de los servicios fundamentales de salud.

De igual forma, Águila Torres expresó que es tal la marginación y abandono, que algunas de las mujeres fueron víctimas de violación y los servicios de salud de la entidad guanajuatense no tomaron en cuenta que el aborto es legal y reconocido a nivel federal, cuando el embarazo es producto del ultraje, la violencia o el sometimiento a la fuerza.

No obstante lo anterior, la diputada perredista fue muy enfática al señalar que las mujeres acusadas de asesinato, perdieron a sus hijos por la falta de servicios de salud y una atención médica profesional, no porque lo hayan inducido.

El colmo, sostuvo Aguilar Torres, es que en el Código Penal de Guanajuato, el aborto está tipificado como un delito con penas que pueden alcanzar hasta los tres años de prisión, pero a las inculpadas les quieren dar hasta 30 0 35 años por el supuesto de un asesinato.

Recordó que junto con la diputada federal Leticia Quezada intentaron reunirse con el procurador de Guanajuato, Carlos Zamarripa, pero ni siquiera se dignó a recibirlas.

Agregó que finalmente tuvieron un encuentro con el secretario particular, Alberto Chao, quien se portó de manera muy indolente.

Lo único que se les solicitó, dijo la legisladora, fue que se revisaran bien los expedientes, que se integrara conforme a derecho, sin meterle puntos de vista moralistas o religiosos, y que si había sanción éste estuviera apagada a la ley y no a su visión cerrada y reaccionaria.

La diputada comentó que como respuesta, el secretario particular expuso que si no estaban de acuerdo con la sentencia, pues que las mujeres se ampararan, sin tomar en cuenta que se trata de personas con escasos recursos, con pocos estudios y sin capacidad económica para tener una buena defensa legal.