ALDF

El operativo “rastrillo” ha violentado los derechos de personas por su ilegalidad: Estela Hernández

* La ALDF solicitará informes sobre el operativo a PGJDF, SSP e INVEA

Francisco Rodríguez

 Ante el Pleno de la Asamblea Legislativa del DF (ALDF), Lucila Estela Hernández exhortó a los titulares de la Procuraduría General de Justicia (PGJDF), Secretaría de Seguridad Pública (SSPDF), e Instituto de Verificación Administrativa (Invea), para que a la brevedad informen los procedimientos, objetivos y resultados del operativo denominado “rastrillo”, referente al Programa Calidad de Vida.

La legisladora perredista calificó la integración de fuerzas entre la PGJDF, SSPDF y el Invea en el denominado operativo “Rastrillo”, como adecuada y favorable, ya que la colaboración institucional entre las dependencias y el organismo ha retirado vehículos abandonados o mal estacionados, además de verificar establecimientos mercantiles.

La legisladora perredista detalló que los elementos de seguridad pública, grúas de tránsito, verificadores, policías de investigación y funcionarios del Gobierno local, también cuentan con la colaboración de las Delegaciones correspondientes, en este caso Azcapotzalco, Iztacalco y Cuauhtémoc durante el operativo. 

Sin embargo, manifestó que las acciones y medidas anteriores han violentado los derechos de personas, que han referido que la autoridad verificadora, junto con policías de investigación y elementos de seguridad pública, han entrado de manera ilegal a sus domicilios.

Y añadió que las dependencias que realizan dicho operativo han requerido a los dueños de establecimientos, sin orden, la exhibición de documentos que acrediten la propiedad de objetos que comercializan así como la acreditación de uso de suelo de sus giros comerciales.

“Tanto los verificadores como los policías de investigación, nunca exhiben una orden de verificación, y además con sus armas intimidan y amagan a los comerciantes, a pesar que en algunos casos se trata de personas adultas mayores o enfermas”, refirió.

Por último, Estela Hernández denunció que incluso se han clausurado negocios de forma ilegal, dando como resultado una afectación directa a la única fuente de trabajo que tienen muchas de personas que sí cuentan con documentación que avala el giro comercial.