martes, 10 de diciembre de 2013

ALDF

Los jefes delegacionales deberán atender el ejercicio del presupuesto participativo en demandas de unidades habitacionales en el DF: Lucila Estela
* Por ello, habrá modificaciones a la Ley de Participación Ciudadana
Francisco Rodríguez

La presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa del DF (ALDF), Lucila Estela Hernández manifestó que a fin de que los jefes delegacionales puedan tener posibilidades de atender el ejercicio del presupuesto participativo en demandas de unidades habitacionales en el Distrito Federal, se aprobó en reunión de comisión con cinco votos a favor y uno en contra, modificaciones a la Ley de Participación Ciudadana.
Al adicionar un párrafo cuarto y quinto al artículo 83 de esta ley, se explica que en caso de erogaciones con cargo al capítulo 4000, las delegaciones deberán emitir la autorización sólo cuando sean sobre bienes que no pertenezcan al dominio del poder público del Distrito Federal.
Dicha autorización contará con los lineamientos necesarios para ejercer el presupuesto participativo del año fiscal correspondiente, en los proyectos que resulten ganadores en la consulta ciudadana de conformidad con los artículos 97 y 101 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal.
Las erogaciones a que se refiere el párrafo anterior, deberán realizarse en apego con lo dispuesto en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal correspondiente en lo relativo al ejercicio directo de los recursos por las delegaciones.
La diputada local del PRD afirmó que en los considerandos del dictamen, se explica que se necesita generar mecanismos con los cuales los recursos destinados al presupuesto participativo puedan ser aplicado de manera clara, precisa y oportuna en el menor tiempo posible y con grandes beneficios para la población capitalina.

Por último hizo mención que a nivel internacional, el ejemplo más claro de la primera experiencia de presupuesto participativo se dio en 1989 en la ciudad de Porto Alegre Rio Grande do Sul, en Brasil, donde el objetivo principal  se centró en la justicia social: empoderar a las comunidades y conseguir que las necesidades de los más desvalidos, pasen a primer término mediante la inversión de prioridades.

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